El Tribunal Constitucional ha anulado este martes el impuesto de plusvalía municipal cobrado por los ayuntamientos. En una sentencia ponencia del magistrado Ricardo Enríquez, considera que el cálculo del impuesto es inconstitucional al entender que el sistema de cómputo objetivo no se corresponde con la realidad, afectando al principio de capacidad económica recogido en el artículo 31 de la Constitución española.

 

Este gravamen supone en la actualidad una fuente importante de financiación de los ayuntamientos de todo el país.

 

El Alto Tribunal responde así a una cuestión de inconstitucionalidad elevada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre los artículos 107.1, 107.2 a) y 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprobó el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La sentencia considera que estos artículos son inconstitucionales y nulos porque establece un método objetivo de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que determina que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento.

 

Sin efecto retroactivo

 

La sentencia que anula totalmente el gravamen al declarar inconstitucional su cálculo, hace imposible que los ayuntamientos puedan cobrar la plusvalía municipal en adelante, pero solo se puede aplicar de ahora en adelante, y por tanto solo afecta a las plusvalías que aún no han sido liquidadas o a las que están recurrida. Para que los ayuntamientos puedan financiarse nuevamente por esta fuente, el legislador deberá crear una nueva fórmula, según sugiere la propia sentencia del Constitucional.